Por fuera del poder judicial, crearía un organismo colegiado formado igualitariamente por miembros pertenecientes a los distintos partidos políticos que se hubieran presentado en las elecciones presidenciales: por ejemplo, si hubiesen participado 5 partidos, cada uno tendría una participación del 20% en dicho organismo.
Este organismo tendría la función de evaluar las políticas del gobierno y, a través de mayorías simples, emitir dictámenes evaluatorios periódicos respecto del poder ejecutivo, pudiendo, en caso de creerlo conveniente, remitir causas al poder judicial para evaluar las políticas llevadas a cabo y declararlas nulas.
